La gobernadora de Sinaloa, Graciela Domínguez, y la secretaria de Agricultura del Gobierno Federal, Columba López, recorrieron el parque Bonfil, en Mazatlán, para revisar directamente las condiciones en que opera la flota de altamar y las demandas que los armadores han planteado en reuniones recientes. En la visita participaron también la secretaria de Pesca y Acuacultura estatal, Flor Emilia Guerra Mena, y la secretaria General de Gobierno, Yeraldine Bonilla Valverde.
El encuentro sirvió para que las funcionarias constataran la problemática expuesta por los pescadores y reiteraran su disposición a atender las peticiones, con el argumento de que la actividad pesquera recupere rentabilidad. No se anunciaron montos, fechas ni compromisos concretos de inversión, sino la revisión de cada solicitud para determinar su viabilidad.
Entre las demandas del sector destacan la modernización del parque y de los muelles que lo integran, el levantamiento simultáneo de las vedas del camarón, la reactivación del programa de retiro de embarcaciones y el reordenamiento de la cadena productiva del camarón para darle valor agregado. Estas peticiones fueron planteadas en una reunión previa y retomadas durante el recorrido.
En el diálogo participaron Jesús Omar Lizárraga Manjarrez, presidente de la Unión de Armadores del Litoral del Océano Pacífico; Humberto González, vicepresidente de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera; su director general, Jorge Medrano Freeman, y pescadores de la zona. Las autoridades pidieron al sector presentar un proyecto integral que concentre todas sus solicitudes y permita evaluar la viabilidad de cada una.
El parque Bonfil es una infraestructura clave para la operación de la flota de altamar en Mazatlán, uno de los puertos pesqueros más importantes del Pacífico mexicano. Sus muelles, áreas de maniobra y servicios conexos inciden directamente en los costos y tiempos de operación de las embarcaciones, por lo que su estado físico repercute en la competitividad del sector.
La actividad pesquera en Sinaloa sostiene a miles de familias, tanto en la captura como en el procesamiento, la comercialización y los servicios asociados. Por ello, decisiones como el calendario de vedas o los programas de retiro de embarcaciones tienen efectos directos sobre el empleo, el ingreso de los hogares y la oferta de producto en el mercado nacional.
El levantamiento simultáneo de las vedas del camarón es uno de los puntos más sensibles, porque involucra a flotas de distintos estados y a la autoridad federal. Una medida de ese tipo requiere coordinación entre entidades y criterios técnicos sobre el estado de las poblaciones, además de acuerdos con el sector productivo.
La reactivación del programa de retiro de embarcaciones también tiene implicaciones prácticas: puede reducir la capacidad de pesca y, al mismo tiempo, ofrecer una salida ordenada a unidades antiguas o con problemas de rentabilidad. Su diseño y financiamiento son parte de lo que el sector espera definir con las autoridades.
El recorrido se enmarca en una serie de compromisos asumidos con los hombres y mujeres de altamar. Las funcionarias coincidieron en mantener el trabajo conjunto y pidieron al sector concentrar sus demandas en una propuesta integral. El sector pesquero queda a la espera de que esas peticiones se traduzcan en acciones concretas y en un calendario definido.