La falta de certeza jurídica sobre la tierra es el primer eslabón de la desigualdad económica en Zacatecas y en México, advirtió el Secretario General de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, durante la presentación del Protocolo Orientador para Actos Jurídico-Agrarios, celebrada en el auditorio del Tribunal Superior de Justicia del Estado. El funcionario señaló que las colonias que alguna vez fueron ejido y que aún no cuentan con escrituración carecen de drenaje, agua, pavimentación y alumbrado, porque las autoridades responden que no pueden intervenir en asentamientos irregulares.
En la ciudad de Zacatecas, más del 40 por ciento de la tierra se encuentra en situación irregular y buena parte de ella sigue siendo de origen ejidal, según los datos expuestos en la jornada. Esa condición frena el desarrollo urbano y limita el acceso a servicios básicos para miles de familias que llevan décadas habitando esos predios sin documentación formal.
Para atender ese problema, la Secretaría General de Gobierno abrió una ventanilla única interinstitucional en la que participan la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, el Registro Agrario Nacional, la Procuraduría Agraria, el Instituto Nacional del Suelo Sustentable y la Presidencia Municipal de Zacatecas. Hasta ahora, entre 16 y 20 colonias avanzan hacia su regularización, y se invitó al notariado local a sumarse al esfuerzo.
El protocolo presentado busca que autoridades, notarios y ciudadanía compartan criterios y lenguaje técnico, de modo que quienes no tuvieron acceso a educación institucional o que han litigado durante décadas por su solar, su parcela o su tierra de uso común sepan qué pasos seguir. La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Claudia Dinorah Velázquez González, recordó que la primera legislación agraria local se expidió en noviembre de 1917, que en 1918 se realizó el primer reparto formal de tierras ejidales en el estado y que en 1933 se constituyó la Liga de Comunidades Agrarias.
La dimensión preventiva del documento fue destacada por los participantes: un acto jurídico correctamente realizado hoy puede evitar un conflicto agrario mañana y fortalecer la paz social. El presidente del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, Ricardo Vargas Navarro, sostuvo que el protocolo no debe quedarse en un anaquel, sino estar sobre el escritorio de notarios y notarias ante cada sucesión de derechos agrarios, enajenación o asamblea.
La jornada incluyó paneles técnicos sobre estadísticas de controversias agrarias, enajenación de derechos parcelarios y otros temas operativos. Participaron también el presidente del Colegio de Notarios del Estado de Zacatecas, Jaime Arturo Casas Madero; el subprocurador general agrario, Wolfgang Rodolfo González Muñoz, y el coordinador general jurídico del gobierno estatal, Armando Ávalos Arellano, entre otras autoridades.
La regularización de la tierra ejidal tiene efectos prácticos directos para los habitantes: acceder a servicios públicos, obtener créditos, transmitir patrimonio y resolver disputas por herencia o linderos. Sin embargo, el proceso exige coordinación entre dependencias federales, estatales y municipales, además de la intervención notarial, lo que puede alargar los trámites para las familias que buscan escriturar su propiedad.
El reto para las autoridades será sostener la ventanilla única más allá de la presentación del protocolo y garantizar que las colonias en proceso concluyan su regularización. La experiencia acumulada por tribunales agrarios, la Procuraduría Agraria, el Registro Agrario Nacional y el notariado será clave para que el instrumento no quede como un diagnóstico más, sino como una herramienta que destrabe casos concretos y reduzca la desigualdad asociada a la tierra.